Norma obligaría a eléctricas a soterrar todos los cables en dos años

• Proyecto de ley que ya fue aprobado en la Comisión de Vivienda del Senado, impone la obligación a las empresas de enterrar los cables de luz para ciudades de más de 50.000 habitantes, e incluso para la transmisión.

Santiago, Chile. 11 abril, 2012. Ciudades sin cables aéreos y en las que todo el tendido de los servicios públicos, ya sean de empresas de telecomunicaciones o eléctricos, vaya bajo tierra.

Eso es lo que persigue un proyecto de ley que fue aprobado por la Comisión de Vivienda del Senado, y que pasó a la sala del Senado para su cuenta y votación. Éste plantea que en las ciudades de más de 50.000 habitantes se soterren las redes, e incluso las líneas de transmisión, y que las obras sean costeadas por las propias compañías.

Además, la norma -ingresada por moción del senador PS Juan Pablo Letelier- plantea que las empresas concreten esta obligación en sólo dos años a contar de la entrada en vigencia de la ley.

El rápido avance de la iniciativa, una vez que se retomó la actividad legislativa en marzo, encendió las alarmas en dos industrias: la eléctrica y la de telecomunicaciones.

En el caso de las distribuidoras de luz, el sector se manifestó abierto a colaborar y a buscar una solución, pero no en los duros términos considerados en la propuesta legal.

“Nosotros concordamos en que se tiene que establecer un ordenamiento de los cables que están en los postes, planteando a su vez que gran parte de los problemas tienen que ver con industrias que no son eléctricas, estando, por ejemplo la industria de telecomunicaciones. Creemos que hay que establecer criterios”, explicó a Pulso el secretario ejecutivo de Empresas Eléctricas, que agrupa a distribuidoras y transmisoras, Rodrigo Castillo.

No obstante, el directivo aclara que durante la tramitación de la norma han planteado que esta medida tendría enormes costos, pues soterrar los cables tiene una diferencia de entre ocho a diez veces la de un tendido eléctrico. Y ni hablar de las líneas de transmisión.

Según sus cálculos, presentados a la comisión, el proyecto completo tendría un costo de US$ 30.000 millones, lo que lo hace impracticable. Otra discrepancia es el plazo. Si, por ejemplo, Chilectra se viera en la obligación de soterrar todos los cables de Santiago, sería inimaginable que pudiera concretar esta tarea en sólo dos años. No al menos, sin provocar un caos vial equiparable a lo ocurrido con la construcción de las autopistas urbanas durante la década pasada.

En caso de promulgarse la ley, las eléctricas que no cumplan serán multadas. La eventual ley propone que las empresas que dentro del plazo señalado no trasladen sus líneas de transporte y distribución de energía eléctrica estarán obligadas a un pago anual de una multa que irá de UTM 1.000 a 5.000 (entre US$ 80.000 y US$ 400.000) que será fijada por la autoridad respectiva de conformidad con el reglamento que se dictará para tal efecto, destinándose los montos a las arcas municipales.

Subirían las cuentas 

Otro de los problemas, aclara una fuente del sector, es que esto gatillaría un enorme alza en las cuentas residenciales, pues todas las inversiones que realizan las eléctricas en mejoras de infraestructura, de acuerdo con el ordenamiento legal, pueden ser traspasadas a sus clientes.

¿Qué postura tiene el gobierno? Apoya esta normativa, aunque propone algunas modificaciones.

En la tramitación, la Dirección General de Obras Públicas planteó dos cambios: delimitar la obligación a los centros cívicos y zonas urbanas y prescribir la obligación sólo a obras nuevas. También se planteó calificar como “escombros” los cables en desuso, para obligar a las empresas a retirarlos.

La autoridad planteó que hay que evitar que se produzcan monopolios, como ocurre en condominios donde quien construye los ductos subterráneos no permite la entrada a sus competidores.

Cifras del proyecto

8 a 10
las veces que costaría, en relación con el tendido aéreo, el soterrar los cables eléctricos. En el sector dicen que esto lo hace inviable.

2 
los años en los que las eléctricas tendrían que acogerse a la normativa y soterrar los cables. De no hacerlo se expondrían a severas multas.

60% 
de los costos de urbanización de barrios nuevos están dados por el soterramiento de cables.

US$ 400.000
sería la multa máxima planteada en el proyecto de ley para las eléctricas que no cumplan con la obligación.

50.000
habitantes sería el mínimo que tendrían que tener las ciudades para hacer exigible esta obligación legal. Existen muchas dudas de la arbitrariedad.

US$ 30.000.000.000
sería el costo de la iniciativa, de acuerdo con estimaciones de Empresas Eléctricas.