Energía presentará a Piñera proyecto de compensación a comunidades

• Gobierno busca destrabar inversiones en generación y disminuir rechazo a instalación de centrales eléctricas.

Fuente: La Tercera

Santiago, Chile. 30 agosto, 2013. El Ministerio de Energía presentará al Presidente Sebastián Piñera un proyecto de ley que busca destrabar las inversiones en generación.

En el texto están trabajando los equipos jurídicos y técnicos del Ministerio -monitoreados por el subsecretario Sergio del Campo- y debería estar listo en las próximas semanas.

El ministro de Energía, Jorge Bunster, explica que el proyecto de ley en el cual trabajan define las compensaciones que las eléctricas deberán entregar a las comunidades por instalar sus centrales de generación.

“Hemos estado con esa idea desde hace tiempo y hemos retomado el interés del gobierno en plantear una solución a las compensaciones a las regiones, que son las que generan proyectos importantes en materia de generación eléctrica. El impacto que tiene el atrasarse en un proyecto de desarrollo eléctrico para el país es grande, por lo tanto creemos que puede ameritar un enfoque específico”, dice.

El ministro afirma que están pensando llevar pronto esto al gobierno y que “debemos tener una discusión con la Segpres, La Moneda y otros ministerios, y ahí ver si se traduce en un proyecto de ley para el gobierno. Yo quisiera que así fuera”, dice Bunster.

Aclara que hoy trabajan en la fórmula monetaria de compensación, la que aún no está definida. Lo que buscan es que las regiones no sólo vean los impactos de la instalación de las centrales. “Buscamos que haya un beneficio directo para las regiones que son las que albergan los proyectos relevantes en materia de energía, que permitan no solamente entregar ese recurso al resto del país, sino también beneficiarse ellas”, sostiene.

Compensar a las comunidades es una idea que nació en la administración de Bachelet, y que si bien fue retomada a principios de este gobierno, luego se desechó. Uno de los problemas que se vieron en su momento era que el proyecto original permitía a las empresas que aportaran recursos descontarlos del crédito tributario.

De esta forma, al final era el Estado el que terminaría pagando, lo que no le gustaba al Presidente Piñera. Además, consideraba que se podía convertir en el piso de la negociación.

Entre los expertos, la mirada es positiva. La consultora María Isabel González señala que esto permitirá un mayor involucramiento de las comunidades con los proyectos y disminuiría la oposición. “Todos los esfuerzos que se puedan hacer para facilitar la instalación de proyectos termoeléctricos o hidroeléctricos son buenos. La gente tiene que sentirse partícipe; en otros países hay muy buenas experiencias”, afirma.

Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, señala que, independiente de si se aprueba o no un proyecto de este tipo durante esta administración, la discusión estará sobre la mesa. A esto habría que sumar más canales de participación de la ciudadanía. “Creemos que uno de los factores que están dificultando de manera importante el desarrollo de proyectos en todos los ámbitos, es que las comunidades afectadas no se sienten suficientemente partícipes de los beneficios. Un buen proyecto de compensaciones debería colaborar en que las comunidades se sientan más retribuidas. Un proyecto no resuelve todos los problemas, así que probablemente haya que complementar esa idea con esquemas de participación ciudadana”, precisa.

La judicialización 

Jorge Bunster añade que la normativa también podría actuar como una “guía” para el Poder Judicial, en caso de que tenga que resolver casos en tribunales. “El definir ciertos mecanismos de compensación por ley le dará lineamientos al Poder Judicial que permitan obtener fallos en los tribunales que acoten a estas compensaciones, al recibir los jueces orientaciones en la ley de cuáles son compensaciones justas, adecuadas, eso le da un marco para poder ir sentando jurisprudencia”, dice.

Impuesto a las centrales

El proyecto original, ingresado al Parlamento en septiembre de 2009 por la administración Bachelet, establecía que todas las unidades de generación de más de 200 megawatts que se instalaran en cualquier comuna debían pagar un impuesto equivalente a 270 unidades tributarias mensuales (UTM), unos $ 10,9 millones, a los municipios por cada megawatt efectivamente instalado, recursos que irían en directo beneficio de las comunidades.

A esto se sumaría un decreto para modificar el reglamento sobre pago de patentes -que se hace en base al número de trabajadores-, permitiendo que las matrices las cancelaran de sus filiales donde estas operaran. En la actual administración el proyecto fue retomado, pero discrepancias en el gobierno lo terminaron relegando.